El domingo El Salvador declaró un estado de emergencia luego de que las pandillas participaran en una matanza el sábado, en la que dispararon indiscriminadamente a vendedores callejeros, pasajeros de transporte público y clientes del mercado. Fue el día más sangriento del que hay registro en el país desde el final de la guerra civil hace 30 años.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó muy temprano el domingo un régimen de excepción de 30 días, que suspende algunas de las libertades civiles que garantiza la Constitución, flexibiliza las condiciones para los arrestos, restringe las reuniones y permite al gobierno interceptar las comunicaciones de los ciudadanos.
El ejército también empezó a restringir quién podía entrar y salir de los barrios que controla la pandilla MS-13.
Las medidas constituyen un esfuerzo para detener la violencia que el sábado acabó con la vida de al menos 62 personas, una cifra récord en un país de seis millones de habitantes, según funcionarios del gobierno.
La violencia amenaza con manchar el desempeño del presidente Nayib Bukele, el carismático y joven líder del país, cuyos índices de aprobación, alrededor del 85 por ciento, están entre los más altos del mundo. Bukele, de 40 años, hizo campaña con la promesa de llevar orden y ley a las calles de El Salvador, unas de las más violentas del mundo. En los tres años transcurridos desde que asumió el poder parecía estar cumpliendo con dicho compromiso.
Sin embargo, es posible que la reducción de la violencia no sea fruto de las políticas de seguridad de Bukele sino de un acuerdo clandestino entre el gobierno y las pandillas que al parecer se gestionó poco después de que fue electo presidente y que fue dado a conocer por primera vez en septiembre de 2020 en el periódico digital El Faro.
En diciembre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a altos funcionarios salvadoreños, entre ellos el viceministro de Justicia y el director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia por su papel en la negociación de “una tregua secreta con la dirigencia de las pandillas”.
Bukele ha negado esas acusaciones y ha defendido su enfoque de mano dura como el motivo que explica la caída dramática en la cantidad de homicidios.
Ahora, ese acuerdo podría estar viniéndose abajo, según analistas y funcionarios de Estados Unidos.
Según lo dispuesto por estas negociaciones secretas, indicó el Departamento del Tesoro, el gobierno brindó incentivos económicos a las pandillas y tratamiento preferente a los líderes pandilleros encarcelados, como acceso a teléfonos celulares y prostitutas. A cambio, al parecer, las pandillas prometieron reducir la violencia pandilleril y los asesinatos.
Bukele es el más reciente en una larga lista de presidentes salvadoreños acusados de negociar con las pandillas y de ofrecerles incentivos para mantener la paz. La táctica ha sido empleada por varios gobiernos consecutivos para ganar elecciones y ganarse a una población cansada de una violencia incesante.
Un vecino de San Salvador, la capital, contó que el sábado despertó con una explosión de actividad de las pandillas, gritos, disparos y violencia luego de haber disfrutado de algunos años de paz relativa desde que Bukele fue electo en 2019.
Su vecino, un joven, murió asesinado la mañana del sábado cuando salió a comprar pan para su familia en el barrio, que está controlado por la pandilla MS-13. El domingo, soldados y oficiales de policía llenaron la zona y restauraron el orden.
“Esto así es siempre: suben los homicidios y hacen operativo fuerte y andan soldados”, dijo Marvin, de 34 años, quien pidió que no se publicase su nombre debido a que reside en un barrio controlado por pandillas.
“Pero ya en unos 15 días se van a ir y todo va a volver a la normalidad”, añadió y aclaró que lo normal es que las pandillas vuelvan a controlar las calles.
Bukele, un experto de las redes sociales jovial y vigoroso que prefiere llevar gorras de béisbol en lugar de las solemnidades de la investidura presidencial, prometió represalias contra las pandillas en respuesta por la reciente violencia.
“Mensaje para las pandillas: por sus acciones, ahora sus ‘homeboys’ no podrán ver ni un rayo de sol”, escribió en Twitter el domingo el presidente, y añadió que el gobierno había cerrado las prisiones y ningún presidiario podría abandonar su celda por disposición del estado de excepción.
Analistas de seguridad y política especularon que la violencia del sábado podría haber sido una táctica de presión empleada por las pandillas para renegociar los términos del presunto acuerdo al que habrían llegado con el gobierno de Bukele. La violencia fue indiscriminada y no el resultado de enfrentamientos entre integrantes de las pandillas ni de intimidación para cobrar piso a los comerciantes, como suele suceder. Alcanzó a cualquier persona que estuviera en las calles.
“Los términos del pacto anterior con el gobierno de Bukele puede que hayan sido insostenibles y las pandillas pueden estar intentando cambiar los términos de dicho pacto”, dijo Paul J. Angelo, investigador de estudios latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores. “Bukele no va a desperdiciar una buena crisis y esto sucedió cuando ya estaba presionando a la legislatura para que le ayudara a consolidar el poder”.
El presidente salvadoreño ha sido criticado en el pasado por grupos de derechos humanos por emplear al ejército para interferir con la legislatura y por su decisión del año pasado de suspender a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general.
La emisión del estado de emergencia el domingo ha avivado la preocupación de que Bukele utilice la violencia del fin de semana para consolidar aún más su poder.
Maria Abi-Habib es la jefa de la corresponsalía para México, Centroamérica y el Caribe. Ha reportado para The New York Times desde el sur de Asia y el Medio Oriente. Encuéntrala en Twitter: @abihabib
